Desde inicios de la pandemia hemos venido ayudando de diversas maneras a una familia que lo estaba pasando realmente mal. Su negocio se había resentido con el confinamiento, y entre deudas e hipotecas resultaba muy difícil remontar. A sabiendas de ello y dado el vínculo afectivo que nos une, además de procurarle una cercanía humana, durante estos tres años le hemos realizado distintas transferencias bancarias periódicas, en la medida de nuestras posibilidades. Aunque suene dramático, quizá gracias a ello han podido subsistir.
Nuestra sorpresa ha llegado cuando han recibido una notificación de Hacienda preguntándoles por dichos ingresos regulares que, según reza en el escrito, están sin declarar.
Casi de inmediato contactamos con la Delegación que la emitió para explicar que se trataba de una ayuda solidaria ante esta crisis que vivimos. El funcionario que nos atendió, aun siendo amable y empatizando con nuestro relato, nos advirtió de que tal acto podía interpretarse como una donación y que, por tanto, conllevaría una carga impositiva.
- Es que resulta extraño que alguien le ingresé a alguien así, durante tanto tiempo.
¡Lo que me faltaba!
Al final, tras darle mil vueltas a un asunto en apariencia tan simple, nos invitó a presentar ante la Administración un contrato particular de préstamo a interés cero -siempre recordaré ese Modelo 601-, en el que se especificaran las condiciones de devolución. Así lo hicimos, quedando a la espera de resolución.
Entre tanto, he seguido haciendo alguna que otra transferencia en la que, por si acaso, ya detallo los motivos de la misma: Para que puedan comer, Ayuda para comida, Para pagar alquiler...
Definitivamente, no es país para solidarios.
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