Presunto delicuente

Sin que discuta la necesidad de los impuestos, confieso que nuestra relación con la Agencia Tributaria no pasa por su mejor momento. En abril me notificaron la apertura de cierto expediente informativo por haber vendido un piso en el año 2018 a un precio inferior al de su valor de referencia catastral. Sinceramente, ni estaba en disposición de perder ni tuve ninguna oferta que se acercara al mismo. Ni una sola. Además, la propia inmobiliaria nos aseguró que este último -más que sobrevalorado- estaba muy lejos del precio real de mercado.

Sea como fuere, lo vendí... Y eso me permitió dar la entrada para la vivienda donde actualmente resido.

Al acudir a la sede de la Agencia para gestionar mi defensa, el funcionario de turno replicó debidamente cada uno de nuestros argumentos. Si yo defendía que un inmueble vale lo que te pagan por él, aquel señor insistía en que vale lo que estiman sus técnicos, que por algo son los que saben... Si yo aseguraba que entonces necesitaba vender para comprar, y que nadie ofreció más, él me recriminaba con eso de que si hubiera esperado, quizá lo habría conseguido... Si yo le apuntaba que en esa operación no existe ni trampa ni cartón, habiendo pagado todos sus impuestos derivados, él nos comentaba que resulta habitual que la gente escriturase a bajo precio para eludir sus obligaciones tributarias... Y cuando yo prometí que no había recibido ningún dinero en B por parte del comprador, él insinuó que me creía, si bien Hacienda me creería aún más si en mis movimientos bancarios de aquel periodo no se constataba ninguna transacción sospechosa.

De manera que salí de allí con la sensación de ser un presunto delincuente, necesitado de demostrar mi inocencia... Y empeñado en ello, la demostré. Así, presenté en plazo la documentación requerida -incluyendo ese extracto bancario-, junto a tres folios de alegaciones: uno atendiendo a aspectos formales -dirigido por mi gestor-, más otros dos sobre cuestiones personales, aludiendo incluso a mi libertad de operar al valor que yo considere, aunque solo sea por la mera ilusión de bajar el precio medio del metro cuadrado en mi ciudad.

A finales de agosto recibí una segunda notificación, indicándome que tras todos los papeles entregados se cerraba mi expediente, no habiendo lugar a ninguna regulación tributaria. Como apuntara entre sonrisas nuestro gestor, prefirieron no arriesgarse a que presentara otro recurso. Ciertamente, se hizo justicia.

Tan solo unos días después leo que, atendiendo a una ley recientemente aprobada, desde el pasado 1 de enero el gravamen a pagar tanto si se compra-vende como si se hereda-dona se calculará en función de aquel valor de referencia catastral. Y eso a pesar de que las agencias inmobiliarias insisten en que está sobrevalorado en al menos el 20% de las casas. Será que al final, tristemente, aquel funcionario que me atendiera lleva razón: en estos tiempos que corren, las cosas ni siquiera valen lo que pensamos... ¡valen lo que nos dicen que valen!