Como médico epidemiólogo sé lo que cuesta que un medicamento o una vacuna nueva sea autorizado para su uso en la población. Se trata de un proceso laborioso en distintas fases experimentales que puede abarcar años de investigación. De hecho, así debe ser a fin de proteger nuestra Salud.
Sin embargo, me sorprende enormemente la pobre regulación a nivel técnico y de preocupación entre la ciudadanía sobre el uso de ondas electromagnéticas. Máxime cuando existen tantas redes wifis, cuando tenemos tantos teléfonos móviles (1,3 por persona de media en nuestro país).
Según datos de la Asociación Leonesa Contra las Ondas Electromagnéticas, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las antenas emitan a una potencia de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado; Salzburgo emite a 0,1; Suecia a 2,2; Rusia a 2,4; China a 6,6... Y España a 450; esto es, 4.500 veces más fuerte de lo recomendado.
Me sorprende enormemente cómo se minimizan sus riesgos, que no haya ningún debate público al respecto, que la implantación del futuro sistema G5 dependa del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sin intervención alguna del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Quisiera aclarar que no estoy en contra del progreso, sino a favor de la Salud. Y que ante esa implantación que se avecina de la nueva tecnología G5, tal vez deberíamos aplicar el llamado principio de precaución: hasta que no se conozca suficientemente el tema, adoptemos medidas protectoras sin exponer a dosis altas a la población.
domingo, 1 de diciembre de 2019
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