Hace ya muchos años, cuando se produjo aquel accidente que marcaría nuestras vidas, padecimos un proceso judicial de lo más controvertido. En su estrategia de diluir responsabilidades, la otra parte se refirió a una serie de testigos que inexplicablemente estaban por allí y que cuestionaban la versión oficial de lo ocurrido. Al consultarlo con nuestro abogado, me pidió que estuviéramos tranquilos, que el atestado de los hechos emitido en su día por la Guardia Civil no daba lugar a dudas... Y que el juez, al dictar sentencia, se basaría principalmente en él.
En verdad que así pasó. De hecho, el día del juicio ningún supuesto testigo se presentó, fallando su señoría a nuestro favor tras refrendar los agentes su dictamen sobre lo sucedido.
En estos tiempos del Coronavirus me siento muchas veces como aquellos miembros de la Benemérita, pues sé que lo que diga será determinante para las decisiones que a un nivel superior se pudieran tomar. Así, aun siendo un técnico sin poder ejecutivo, pocos osarían en las actuales circunstancias a contradecir cada recomendación surgida de cualquier Sección de Epidemiología: permitir o no este evento, cerrar o no ese establecimiento, indicar o no aquella cuarentena... Y no tanto por asuntos de eficiencia, como por cuestiones de responsabilidad. De ahí que debamos sopesar cuanto firmamos, ajustándonos a nuestra profesionalidad, a los protocolos establecidos, a mis principios... Asumiendo que no estará compensado y aun a riesgo de que -como también ha ocurrido- alguien se nos pudiera enfadar.
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